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La Bicameral de Inteligencia presentó el dictamen final del espionaje ilegal durante el macrismo

 


Hoy se dio a conocer el dictamen final elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con duros cargos contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a la que le adjudican la responsabilidad de haber espiado de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, circunscribiendo ese proceder detallado solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Cambiemos.

“El Estado mafioso”, se titula el documento al que accedió parlamentario.com, en el que los autores anuncian que “la Argentina estuvo y está en peligro”, afirmando que “nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia”. 

En ese sentido consideran “un imperativo legal”, como así también una “obligación política y un compromiso moral” investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”. Denuncia la Bicameral, en cuyo informe no participaron los miembros de la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”.

Para los legisladores del Frente de Todos, ese plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”. 

Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 307 víctimas directas confirmadas; hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Mauricio Macri, señala el informe, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”. 

El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear “un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”. Según el mismo, el espectro alcanzado por el espionaje que habría sido perpetrado por el Gobierno anterior incluye las siguientes supuestas operaciones: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”. 

El método denunciado es lo que denominan “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”. 

El informe denuncia acciones concretas tales como “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”.

Afirman que el objetivo era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. 

Para los denunciantes, se trataba de “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”. Denuncian la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina”, que califican como “verdadera organización mafiosa”.

 El objetivo político central que le atribuyen a esa operación es “borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. 

El informe le apunta a la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y menciona puntualmente a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, quienes se incorporaron en el año 2016 y según el trabajo “fueron parte de la célula que se conocería como los ‘Super Mario Bros’ y que funcionaría en ‘La Cueva’, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones”. 

Al financiamiento de esas operaciones es atribuida la decisión de Mauricio Macri de que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados. El informe denuncia también como modus operandi “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”. Citan en ese sentido lo que denominan la “operación Pablo Barreiro”, en referencia a un ex secretario privado de Cristina Kirchner, como muestra de ese accionar, mencionando que en el marco de la causa Cuadernos, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. 

Ahí, según el informe de la bicameral, entró en acción el espía Marcelo D’Alessio y “Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse’ a los ‘arrepentidos’”, afirmando que la participación mediática de esas operaciones fue “una pieza central”. 

“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirma el trabajo, donde se reconoce que el examen del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esa comisión bicameral. Por eso es que recomiendan a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.


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