La justicia ordenó la reactivación de la causa sobre las responsabilidades políticas en el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante una manifestación en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, con una gran cantidad de medidas pedidas por la Fiscalía.
La investigación había sido archivada, pero luego de un pedido de los familiares de las víctimas, el juez federal Ariel Lijo decidió reabrirla, dando lugar a que se ordenara una gran cantidad de medidas.
Según el pedido del fiscal federal Diego Iglesias, quien tiene delegada la investigación, faltan recabar datos que no se completaron durante todos estos años, y que apuntan al cerco del entonces presidente Duhalde.
