Como contrapartida, el Ejecutivo dispone un recorte de $35.142 millones destinados a las provincias, asistencia social al personal de la Administración Pública Nacional y reducción en activos financieros.
La medida redistribuye fondos públicos clave bajo el argumento de que «de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional».
De acuerdo con los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, el Ejecutivo estimó que «la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», por lo que procedió a dar cuenta de lo actuado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
