“El Estado Nacional debería cumplir la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe. Nosotros no dejamos de reclamarla”, afirmó el mandatario.
Pullaro reconoció que el Gobierno nacional realizó un fuerte esfuerzo para ordenar sus cuentas, pero planteó que ese proceso tuvo impacto sobre las provincias.
“El Estado Nacional hizo un esfuerzo muy importante por poner los números en orden, por lograr el equilibrio fiscal, tal vez a costa de no transferirle a las provincias los recursos o en nuestro caso la deuda que estamos discutiendo”, sostuvo.
El gobernador insistió en que Santa Fe no abandonará el reclamo por los fondos que considera correspondientes a la Provincia. “No vamos a dejar de reclamarle nunca lo que nos corresponde a los santafesinos”, remarcó.
El reclamo adquiere mayor peso por la situación actual de las transferencias comprometidas por la Nación.
En abril, Santa Fe y el Gobierno nacional acordaron restablecer un flujo de recursos para la Caja de Jubilaciones mediante 12 cuotas mensuales de $10.000 millones, por un total de $120.000 millones.
El convenio se presentó como un primer paso para encaminar la discusión sobre la deuda previsional y contempló una suspensión transitoria de los juicios que la Provincia mantiene ante la Corte Suprema.
Sin embargo, a fines de agosto el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, confirmó que Nación acumulaba dos meses de atraso en esas transferencias y que la Provincia continuaría reclamando el cumplimiento del acuerdo.
El convenio, además, estableció que los pagos tienen carácter de adelanto a cuenta de la determinación definitiva del déficit previsional correspondiente al ejercicio 2026, mientras continúan las negociaciones por el stock histórico de la deuda.
Para la Casa Gris, la discusión no se limita a los desembolsos mensuales acordados con ANSES.
El Gobierno provincial mantiene además el reclamo por la deuda histórica derivada del financiamiento de la Caja de Jubilaciones santafesina, que no fue transferida al sistema nacional.
Desde la Provincia remarcaron que los $10.000 millones mensuales acordados constituyen un pago inicial y no implican renunciar a las demandas judiciales. El convenio contempla una suspensión temporal de los procesos, pero no el abandono de los reclamos.
