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El requerimiento de los funcionarios del Ministerio Público, que abarca a la vez a otros 33 imputados, se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Además de la ex presidenta y Báez, los fiscales le pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y al subsecretario Abel Fatala. Los fiscales sostuvieron que Cristina y Báez "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".
Los acusadores entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.
