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Así lo resolvió la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Balbín, un jurista y catedrático especializado en derecho administrativo. Balbín llegó a ese cargo de la mano de la diputada Elisa Carrió (CC), pero este año se convirtió en un hombre de permanente consulta dentro del Gobierno y su decisión no sorprende a los funcionarios de Mauricio Macri.
El dictamen que Balbín firmó a última hora de anteayer establece que la ley 24.018, que regula la asignación que cobran los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros de la Corte Suprema, es un régimen "especial", de "privilegio".
Y, como todos los privilegios -dice el dictamen de Balbín, apoyándose en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia-, debe ser interpretada en forma restrictiva y excepcional. Además -señala el texto que en breve se transformará en una resolución de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley-, la ley 24.018 expresamente prohíbe a quien cobra esa asignación vitalicia acumularla con la percepción de una pensión.
