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Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública.
El pasado 21 de octubre, los fiscales remitieron su último dictamen con nuevas pruebas para ampliar la acusación contra la ex presidenta, que este domingo se defendió desde su cuenta de Twitter: "La obra pública en nuestro gobierno tuvo una distribución horizontal. Estos son los principales contratistas. Auditemos todo", se defendió este domingo
