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En la misma sesión especial que comenzará cerca del mediodía de hoy, los diputados buscarán sancionar el proyecto de asociación pública-privada para atraer inversiones para obras de infraestructura que había sido votado por el Senado.
Esta norma, como sufrió modificaciones respecto al proyecto votado por la Cámara alta, deberá volver en segunda revisión al Senado. Una de las modificaciones centrales de este proyecto fue la incorporación de una figura por la cual en cada contrato las empresas nacionales deberán tener una participación del 33 por ciento, y la obligación de que cada obra este contemplada en el presupuesto o se apruebe por una ley.
La intención del oficialismo es debatir las tres iniciativas en forma conjunta y cerca de la madrugada votar para cada uno de los proyectos considerados "centrales" para el Gobierno nacional, para lo cual ya tiene asegurada una mayoría de votos positivos junto al bloque justicialista y el massismo.
Para construir este acuerdo fue clave el consenso alcanzado entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales, que se verán beneficiado con una prórroga del vencimiento del capital de sus deudas por dos años, una partida especial del 5.000 millones de pesos que se destinará fondo sojero que se transferirá en forma automática en un 70 por ciento a las provincias y un 30 a los municipios.
Pero el oficialismo no solo contará con el aval del Frente Renovador, y el bloque justicialista que lidera Diego Bossio, sino de varios diputados del FPV como el presidente del PJ José Luis Gioja, quien firmó el dictamen de mayoría en disidencia parcial con lo cual marcó las diferencias que mantienen con los ultra k y la agrupación "La Cámpora".
El dictamen del presupuesto mantuvo las pautas macroeconómicas que contemplan un aumento de 3,5 por ciento, una pauta inflacionaria del 17 por ciento, un dólar a 18 pesos, un déficit del 4,2 por ciento y una deuda estimada en $ 247.000 millones, con un gasto global 2.363.619.870.574 pesos.
También se mantuvo el criterio de priorizar el gasto social ya que se sigue destinando el 64 por ciento a servicios sociales, y se optó por reforzar las partidas para obras públicas, que se harán con el sistema de contrato público privado, ya que se sumaron emprendimientos de infraestructura claves para las provincias.
Uno de los cambios sustanciales fue la incorporación de una suma adicional de $5.000 millones en el Fondo sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación, el 70 por ciento a las provincias y el 30 a los municipios, pero tendrán el requisito de que se utilicen para obras de infraestructura.
