De acuerdo con la resolución, la creación de este registro se enmarca en la emergencia de seguridad pública en todo el país y por un año declarada por la cartera que conduce Patricia Bullrich. Y señala además que "desde que se advierte que en los últimos años, en forma creciente la delincuencia en general, y en especial las bandas delictivas, utilizan teléfonos móviles como herramientas indispensables para llevar a cabo sus fines".
A partir de ello, el Gobierno dispuso que "la obligación de nominar las líneas telefónicas estará en cabeza de los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de todo el país, quienes deberán desarrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a implementar".
La resolución advierte que las empresas deberán custodiar "la información de manera segura, auditada y perdurable, debiendo la misma estar disponible para el eventual requerimiento del Poder Judicial y/o ministerio Público".