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Ese entendimiento enfrentará dos desafíos: por un lado, el modo en que se instrumentará entre el personal de las administraciones públicas provinciales y municipales; y por otro, el previsible rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), marginada de la negociación.
El acuerdo, dado a conocer a este diario por sus negociadores, alcanzará de manera inmediata a unos 220 mil agentes de la administración central regidos por el denominado Sistema Nacional del Empleo Público (Sinep), así como a quienes revistan bajo modalidades de estabilidad intermedia (los del denominado "artículo 9").
A continuación se extenderá, con un criterio similar de acuerdo con las escalas, al personal de las fuerzas de seguridad y de defensa hasta totalizar unos 700 mil estatales.
La negociación, que concentraron Andrés Rodríguez y funcionarios de los ministerios de Modernización y Trabajo en consulta permanente con Hacienda, implicará un desembolso del Gobierno de $2.000 millones de pesos para ese universo de beneficiarios inmediatos, que se sumará a los $7.500 millones destinados al bono de mil pesos para jubilados y perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), como también a la exención del Impuesto a las Ganancias en el aguinaldo de fin de año para los contribuyentes menores.
En la mesa se resolvió que la categoría A, la más alta de la escala estatal y que cuenta con sueldos por encima de los 46 mil pesos, no recibirá bono alguno, en tanto que el piso de $ 2.000 alcanzará a las categorías B (que ganan de 21 mil a 44 mil pesos) y C (con ingresos de 14.700 a 35.080 pesos), y el monto subirá para los que revistan en las categorías D (de 12.700 a 29 mil pesos de sueldo), E (de 10 mil a 19 mil pesos) y F (que cuenta con un piso de $9.881,08) hasta llegar a un máximo de entre 3.500 y 3.600 pesos, según las últimas puntadas del entendimiento. Entre las categorías C y D se concentra más del 50% del total de los estatales.
