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La medida, según consignó el diario Perfil, comenzó a trabajarse por Frigerio (Interior) junto al subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, e implica una respuesta automática ante casos como el de Odebrecht o como lo que sucedió con IECSA, la empresa del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
La ley de obras públicas exige que una empresa, sólo para poder presentarse en una licitación, tenga al día un certificado anual emitido por el Gobierno que acredita su capacidad para presentarse. Sin embargo, por caso, Austral Construcciones, de Lázaro Báez, desde 2011 no tenía certificación alguna.
En otras palabras: no podría haberse presentado. Actualmente, por ejemplo, en Aysa (la empresa que brinda agua potable y cloacas) todos los pliegos de licitación son gratuitos y se pueden bajar de internet. El objetivo: no saber de antemano quiénes se pueden presentar como oferentes. El proyecto, además, cuenta con otra serie de ítems que conformarán el futuro decreto presidencial que se presentaría en los próximos meses
