Ignacio Rico, uno de los coordinadores nacionales del censo en representación de las organizaciones populares participantes, señaló que "la medida resulta del reclamo sostenido de organizaciones que venimos trabajando para la urbanización de los miles de asentamientos que hay en la Argentina, con el objetivo de lograr el acceso de forma igualitaria a todos los servicios de red de agua, electricidad y cloacas".
Y agregó: "El Certificado de Vivienda le va a permitir a muchísimas familias acreditar un domicilio, y va a ser una herramienta para avanzar en el reclamo colectivo ante todos los niveles del Estado para exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales y recolección de residuos, entre otros derechos muchas veces vulnerados por no vivir en un barrio formalmente reconocido".
"La lucha de las organizaciones sociales permite alcanzar en este caso un antecedente legal para que todo argentino sea propietario del pedazo de tierra sobre el que vive, y poder avanzar hacia la regularización dominial que lo habilite al acceso a los servicios básicos", concluyó Rico.
