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Los mismos denunciaron “el retiro de los servicios de inspección veterinaria de los establecientos Ciclo II y III, lo que dejó sin funciones a más de mil empleados para aplicar la figura de Directores Técnicos Privados en todos los lugares en los que se produce y elabora alimentos de origen animal y vegetal”, puntualizó.
Un comunicado firmado por Ravetti explicó que la decisión determinó “un doble estándar sanitario, es decir, se extremarán los controles para exportar y no los habrá para el consumo interno, por lo que los ciudadanos estarán expuestos a todo tipo de enfermedades, como la escherichia coli o el síndrome urémico hemolítico”.
“Además de haber dejado de abonar los alquileres de los edificios de las 400 oficinas sanitarias -que obliga a depender de las entidades agropecuarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA)-, el Senasa procura delegar las funciones del Estado y obligar a profesionales y técnicos a depender de la caridad de los controlados. Aduciendo falta de presupuesto esos Ceo’s de CREA, Techint y la SRA exigen que los trabajadores soliciten a las sociedades rurales del interior un espacio para poder operar”, expresó.
