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La causa se inició con una denuncia de Leonardo Martínez Herrero el 28 de diciembre de 2017. El abogado acusó al ministro de los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. Martínez Herrero cree que los $ 500.000 que recibió y luego devolvió por el escándalo que generó eran una "coima". Cerca del empresario entrerriano aseguran que era compensación por la pérdida de ingresos que sufrió al pasar a la función pública.
Etchevehere y Marcos Peña negaron las acusaciones y aclararon se trató de una "liquidación final de su ex empleador", aunque surgieron dudas por la legalidad del cargo ocupado en la SRA, que supuestamente era ad honorem. La Oficina Anticorrupción de la exdiputada del PRO Laura Alonso dijo que "no había incompatibilidad", aunque todavía no emitió un despacho oficial.
