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La causa por la forma del memorándum con Qatar fue iniciada por un particular, mediante una ONG, y luego obtuvo el apoyo de diputados kirchneristas. Sin embargo, en 2017, el juez Rafecas cerró el expediente al asegurar que este acuerdo entre la Argentina y el fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA) no implicaba ningún delito.
Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa no estuvo de acuerdo con la decisión del magistrado y apeló la medida. En ese sentido, los denunciantes destacaron que el escrito rubricado no era compatible con la normativa nacional, ya que existía la chance de que se recurra a una estructura "offshore" para canalizar las inversiones, siendo que un tercero sería el responsable de administrarlas ("Tercero Administrador"), sin el control correspondiente de sus acciones.
Según destacó el juez Leopoldo Bruglia en su fallo, "el hecho objeto de estas actuaciones no encuadra en ninguna hipótesis penalmente relevante" resultando el Memorándum "una conducta atípica que no amerita dar curso a una investigación penal".
Al tiempo que Jorge Ballestero señaló que el documento "no se instituye, hoy, en un acto jurídico susceptible de ser abordado desde este ámbito penal".
El memorándum fue el resultado de un encuentro que mantuvo Mauricio Macri, en julio de 2016, con el emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani.
Sin embargo, el anuncio oficial de la firma del documento estuvo a cargo de la vicepresidente, quien, junto al CEO de QIA, el sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, difundió este acuerdo.
