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"Nada debo decir por el momento con relación al punto referido por cuanto de las constancias reunidas en el sumario no es posible individualizar a esta altura al presunto autor o autores de los hechos ilícitos denunciados. Ello no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a los sujetos que hayan participado en los hechos investigados", explicó el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.
Por su parte, el juez Lijo será quién analice los pedidos del fiscal, y quién resolverá si pide las pruebas que se le solicitan.
El fiscal González inició la investigación sobre los aportes y gastos de la campaña electoral de 2015, que postulaba a Mauricio Macri a presidente, en base a la denuncia publicada en un sitio web por parte del periodista Juan Amorín, que derivó en una investigación preliminar de otro fiscal, Jorge Di Lello.
González, a su vez, ratificó que "se solicite a la Justicia Nacional Electoral remitir los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos".
Y pidió al magistrado que el gobierno nacional y porteño "se sirvan informar si Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pía Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Fernando De Andreis, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana G. Mangini pertenecen, y/o han pertenecido a tales administraciones desde el año 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado, y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo"
En cuanto a las empresas perjudicadas, la fiscalía solicitó que se pida "al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)" un informe sobre "la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas "CHK Servicios Audiovisuales SRL, CAP Publicidad SRL y Televaz, desde el año 2014 a la actualidad".
La denuncia detalla que las maniobras ilegales consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias en negro, durante la referida campaña electoral, como "el desvío de recursos desde el Ente de Turismo" de la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de De Andreis, "con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015", recordó el fiscal en su dictamen.
