Allí cuestionó que la magistrada de grado considerase que la demandada habría logrado revertir la presunción establecida por el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y habría conseguido probar que las tareas que realizaba el actor para la demandada no constituían una relación laboral.
En ese orden de ideas, alegó que se había esgrimido que las facturas que emitía no eran correlativas. Para el trabajador, el argumento era "totalmente erróneo, arbitrario y falso", dado que el peritaje contable realizado en autos establecía que la mayoría de las facturas del actor eran correlativas.