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Mediante una resolución en la cual respondió a una exigencia de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre los alcances de su investigación, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, informó a los cuatro que están imputados y podrán formular sus descargos espontáneamente.
Ramos Padilla advirtió, además, que hay más funcionarios públicos involucrados en la supuesta asociación ilícita que investiga.
“A partir de prueba reunida, aparecen involucradas muchas otras personas –algunos de ellos funcionarios públicos-, cuyo examen y valoración excede el análisis formal que se pretende realizar en esta resolución, a quienes –al igual que los imputados y querellados formalmente- debe garantizársele la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio, puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplió sus derechos”.
El juez explicó que el objeto de su investigación “no se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos”, sino que “se estaría frente a un grupo de personas que llevó adelante acciones que afectan instituciones de nuestro sistema emocrático”.
Ese concepto ya había sido expresado ante las comisiones de Libertad de Prensa y la bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia en el Congreso.
Pero Ramos Padilla añadió ahora que “más allá de que las agencias estatales han negado vínculos formales actuales con los miembros hasta ahora identificados de la organización investigada, lo cierto es que se observan relaciones estrechas, de colaboración mutua, con funcionarios y magistrados, -aquiescencia o aprovechamiento- lo que habla de la gravedad de las conductas en estudio”. En ese contexto, describió la utilización mutua de la organización y periodistas y medios de prensa.
“Este mecanismo produce una legitimación autorreferencial, al hacer que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial, y produce, paradójicamente, el propio desgaste de las estructuras democráticas que dichas instituciones protegen”.
