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Alegan que la decisión presidencial que permite la ruta entre Brasil y las Malvinas, “contraviene la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que estipula que Argentina reconoce como impostergable e improrrogable el reclamo sobre Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes”.
La demanda patrocinada por el abogado Jerónimo Guerrero Iraola señala que, además, la autorización resulta “una acción inconsulta y arbitraria”, que debió ser corroborada por el Congreso Nacional “a los efectos de realizar una aproximación más acabada e institucionalmente responsable de la representatividad de diversos sectores sociales”.
También destaca que en los considerandos del decreto 602 “nunca se hace mención a la disputa por la soberanía que el Estado argentino mantiene con Gran Bretaña”, lo que constituye un “grave antecedente diplomático”, menciona la presentación.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, definió al permiso otorgado a la empresa aérea brasileña como “contraproducente a los intereses nacionales”, y lo ubicó en el contexto de una “política exterior” que “se asemeja a la de los años 90`, donde se concretaron los acuerdos de Madrid I y II”.
