Estupor en la Justicia por espionaje ilegal por parte de organismo oficiales


La existencia de una investigación judicial que apunta al Gobierno por un masivo espionaje ilegal de magistrados, provocó una inmediata reacción de las distintas corrientes internas que integran el Poder Judicial. Los jueces reconocen que en sus años de tribunales no habían visto una operación semejante. La información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”.

En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Los organismos señalados por la Justicia que realizaron espionaje ilegal son: la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la Ciudad, la UIF, el Ministerio de Seguridad de Salta, Gendarmería, la AFI, la Procuración General de la Nación, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el TOF 6.

Distintas personas de cada una de esas dependencias ingresaron con una clave a Migraciones para ver las salidas y entradas del país de dos decenas de magistrados.

Ante el escándalo, el ministro de Justicia Germán Garavano llamó a varias de las víctimas en nombre del Gobierno y prometió investigar. La excusa que dieron desde el Gobierno para intentar explicar lo inexplicable fue que los usuarios y claves para consultar los registros de viajes al exterior “las tenían muchas personas”.

El primer sector que se pronunció fue la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, donde se expresa la facción menos conservadora de esa institución. La lista Bordó, la más conservadora y que tiene el control de la Asociación de Magistrados, quiso demorar su repudio público.

Cuando uno de los jueces espiados contó en un grupo de Whatsapp que agrupa a integrantes de este sector que le habían confirmado todo desde el Gobierno se terminó el debate y tuvieron que emitir un comunicado titulado “Profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal”.

Desde Justicia Legítima también repudiaron la situación, pidieron una investigación exhaustiva y plantearon: “La ilegalidad e impunidad con que se manejan distintos organismos del Estado están muy lejos del sistema democrático y republicano”.

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