 |
Destacó hoy que el decreto 788 del año 2019, firmado por la administración saliente días antes de dejar el gobierno, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.
Según Castellani, ese decreto modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3 mil cargos, creando un escalafón de “privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios”.
El régimen que se buscó establecer dispone “una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción”, señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero.
En ese sentido, Castellani afirmó en declaraciones a la prensa que la “suspensión de este decreto es indispensable para evitar una erogación millonaria por parte del gobierno nacional, además de posibilitar la adecuación de las estructuras y funciones administrativas de los distintos organismos estatales a los objetivos de políticas públicas establecidos como prioritarios y estratégicos por el nuevo gobierno.”
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.
En ese marco, el Gobierno promueve la suspensión del del Decreto 788/2019 y la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública dentro de los próximos 90 días, para acordar con las organizaciones gremiales un nuevo régimen de Alta Dirección.
Ese esquema deberá “respetar” los principios consagrados la Ley Marco de Empleo Público que permita contar con agentes y funcionarios de “excelencia” para el desempeño de las tareas estatales, y contribuya a “recuperar un Estado nacional que esté en condiciones de dar respuesta a las demandas de los argentinos”.
