El proyecto fija además un plazo prudencial de un año, a contar desde la fecha reglamentación de la ley, para que los organismos y dependencias del Estado puedan cumplir en forma progresiva con el cupo y, una vez transcurrido ese periodo, el incumplimiento será pasible de las sanciones previstas.
"El Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades. La sanción de una ley nacional de cupo laboral trans en el Sector Público Nacional es una demanda de los colectivos trans que no podemos desoír como legisladores y legisladoras", afirmó Álvarez Rodríguez.