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El ministro de Economía, Martín Guzmán, puso como fecha límite el próximo 8 de mayo, tal como precisó El Intransigente. La demanda fue encabezada por el fondo Bainbridge Capital, que le solicitó a la magistrada Loretta Preska aplicar nuevamente las disposiciones cautelares que el fallecido juez Thomas Griesa había dictado contra la Argentina en el 2014.
Los demandantes argumentaron que nuestro país ya no tiene más voluntad de negociación y que no desea llegar a un acuerdo.
La presentación judicial se llevó a cabo, luego de que en los mercados financieros locales circulara la idea de que el gobierno nacional iba a mejorar la propuesta inicial, según informó Noticias Argentinas.
Eso generó una suba en las cotizaciones locales de los títulos y de las acciones. No obstante, la semana pasada, Guzmán aseguró, en declaraciones radiales, que la Argentina “no podía ofrecer más”.
El funcionario de la cartera de Economía llevo a cabo, durante esta semana, distintas videconferencias con los bonistas internacionales en las que aseveró que la oferta que hizo la Argentina es “de buena fe”.
En relación remarcó que lo que se estableció en la presentación es lo que nuestro país puede pagar. En ese sentido sostuvo: “Que se cobre lo que se pueda cobrar”.
