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La medida alcanza a todos aquellos condenados por homicidio, violación, secuestro, violencia de género o corrupción, y apunta a que estos presos no puedan acceder a la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia.
La diputada plantea una modificación al Código Procesal Penal, al código penal y a la ley de ejecución penal por la cual los jueces “no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por determinados hechos a los que se considera como ‘graves’”.
