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Cafiero recalcó que el Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie


El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó hoy que "el Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie", debido a que esas son decisiones que competen al Poder Judicial, con lo que rechazó cualquier intento por relacionar al Gobierno con el debate abierto sobre las prisiones domiciliarias en medio de la pandemia de coronavirus.

La declaración del jefe de ministros se conoció en una jornada marcada por la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un recurso de queja por el otorgamiento de prisiones domiciliarias durante la pandemia de coronavirus y por el pedido de juicio político contra un juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca. Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad. A la gente le provoca angustia y eso es aprovechado por un sector opositor con mucha mezquinda.

Así se manifestaba el funcionario, al tiempo que agregó: "Lo que tiene que quedar claro es que el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener, ni meter preso ni liberar a nadie" y por ende "no es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales".

También advirtió´que "si hubo errores o ligerezas en generar alivio en detenciones" los que lo hicieron deben "dar respuestas", y recordó que "los jueces son responsables de las decisiones que toman". Cabe recordar que abogados defensores de reclusos elevaron en los últimos días a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria, requerimientos que la Cámara Federal de Casación recomendó analizar en el caso de presos por delitos leves y con riesgo de contagio.

En tanto, el fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, preparó un recurso de queja ante la Suprema Corte provincial para que se declare inconstitucional a la acordada del Tribunal de Casación que habilita la prisión preventiva de quienes estén dentro de grupos de riesgo.

El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que esta presentación busca "revertir un pronunciamiento que provocó el desequilibrio del sistema" y explicó que el máximo tribunal de la provincia deberá primero tratar su admisibilidad y luego "considerar si el fallo fue correcto". Si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto, se revertirá la decisión y las personas deben reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme.

Además, planteó que, si se detectaran irregularidades, "se abren tres alternativas", que implica una "investigación disciplinaria" si se tratara de un integrante del Ministerio Público, una "presentación ante la Corte Suprema", en el caso de que fuera un juez, que además, "de considerarse necesario" podría derivar también en una "denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento".

De hecho, en las últimas horas, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, y se convirtió así en la primera denuncia formal realizada por el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y depende del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

También hoy dos querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar pidieron que se revoque la prisión domiciliaria concedida al represor condenado Carlos Capdevila, en un escrito acompañado con firmas de Madres de Plaza de Mayo, referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Los querellantes pidieron que se "deje sin efecto" la prisión domiciliaria que otorgó el Tribunal Oral Federal 5 al ex médico militar que atendió partos de secuestradas y supervisó torturas en la ex ESMA.

En este contexto, sin embargo, Conte Grand aclaró hoy que, desde 2015, "entre el 5,5 y 6% de la población carcelaria es beneficiada mensualmente por prisiones domiciliarias, porcentaje que no se excedió hasta ahora, aunque hay una gran cantidad de pedidos en curso que generarán un exceso respecto del promedio habitual, en caso de prosperar".




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