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El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
“Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, sostuvo el organismo que tiene entre sus misiones prevenir e impedir el lavado de dinero y los delitos económicos complejos y cuyo titular, Carlos Cruz, es un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo.
FUENTE BAE
