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“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional", señalaron.
L"a propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.
