La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burlando y Valeria Carreras.
“Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate), teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, expresó Mazzeo.
Es la primera vez que se reconoce públicamente que el “contacto” que a través del sonar realizado por el buque chileno pertenecían al ARA San Juan.
En diciembre de aquel año, el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada expresó que “no había novedades” respecto a la búsqueda.
“Es inspeccionado ese objeto con alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico”, añadió y explicó que el navío detectado tenía 30 metros de largo, mientras que el ARA San Juan era mayor.
Sin embargo, cuando un año después el buque noruego Seabed Constructor, operado por la empresa norteamericana Ocean Infinity, lo halló en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno, por efecto de la presión, el submarino tenía esa dimensión, 33 metros.
Ante las declaraciones de Mazzeo, los abogados Fernando Burlando y Valeria Carreras mostraron su indignación, aludiendo a que “si lo que dice es verdad, estamos frente a un escándalo sin precedentes”.
“Legalmente la declaración de López Mazzeo obliga a realizar una causa aparte, por el ocultamiento y la complicidad que venimos denunciando siempre, pero desdobla la causa en dos porque no hay que olvidar que se debe determinar quienes son los responsables de las 44 muertes”, afirmaron desde la querella.
La querella representaba por Burlando y Carreras adelantó que impulsarán a la Justicia para que, a través de distintas medidas de prueba, los dichos de López Mazzeo, uno de los seis imputados en el expediente, sean ratificados y desmentidos.
