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Apelan ante Casación el cambio de jurisdicción de la causa por espionaje ilegal

 


El abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal durante la gestión del macrismo, Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recurrió hoy la decisión de que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Py ante la Cámara Federal de Casación, que deberá decidir ahora si habilita la apelación.

En caso de que Casación no acepte el recurso, recurrirá en queja ante la Corte Suprema para que la causa permanezca en los tribunales federal de Lomas de Zamora, que inició la investigación por el llamado "espionaje macrista". 

La presentación judicial por parte de Beraldi fue hecha pública hoy por el diputado Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires), en declaraciones radiales en las que advirtió, al mismo tiempo, que no será Beraldi el "único querellante" que cuestione la decisión de la misma Casación de quedarse con los expedientes que tramita el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Entre los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la vicepresidenta destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició. 

"Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones", señaló el abogado.

La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal fue tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri. 

La mayoría eventual de Casación ordenó el pasado viernes que se debían remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como "Súper Mario Bros" y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario. El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.


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