El diputado nacional Pablo Javkin se refirió a una investigación realizada por la diputada nacional (MD) Fernanda Reyes a partir de la cual se presentará una denuncia contra el titular del Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido y los sucesivos titulares de la Secretaría de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
La denuncia que, entre otros diputados de la Coalición Cívica ARI, lleva la firma de Pablo Javkin, acusa al funcionario de “delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos vinculados con la distribución a los gobiernos provinciales, por parte de los funcionarios públicos aludidos, de los programas y fondos de los Planes Federales de Vivienda”.
En el informe presentado por la Coalición Cívica ARI se detalla por ejemplo, que Santa Fe recibió $220 millones (equivalentes a 3676 viviendas) en sólo un año del Gobierno de Obeid, y $181 millones (equivalentes a 2392 viviendas), en toda la gestión del Frente Progresista.
En este sentido, Javkin explicó: “en los últimos 8 años las provincias han estado sometidas a la distribución arbitraria de los fondos que se giran desde el Gobierno Nacional para la construcción de viviendas. Es evidente que las asignaciones han estado signadas por las afinidades del Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales de turno, han sido utilizadas como “castigos” ante focos de disputas o “premios” a las provincias alineadas, sobre todo en períodos electorales”.
El informe -cuya fuente es la información publicada por el Consejo Nacional de la Vivienda- detalla provincia por provincia, cómo ha sido el manejo de los fondos. Al respecto, Javkin destacó: “se pueden identificar claramente los cambios políticos que se presentaron en cada distrito que parecen haber influido en la política de distribución de los fondos para viviendas.
Sucesos como el conflicto del campo, los cambios de color político o la llegada de gobernaciones oficialistas marcan abruptas diferencias en la distribución de los recursos, aun cuando no se registran cambios en la participación de las provincias en el déficit habitacional del país “.
“Al revisar las cifras, salta a la vista que no se respetó ninguno de los criterios establecidos por el Sistema Federal de la Vivienda, que es la estructura que debe diseñar y ejecutar las políticas públicas de la problemática habitacional”, señaló el diputado al tiempo que expresó: “De Vido y los demás funcionarios públicos involucrados deben dar explicaciones por utilizar al dinero del Estado en forma arbitraria y contraria a la normativa”. E indicó: “el daño, en última instancia, se hace al ciudadano.
El Gobierno Nacional está jugando con uno de los derechos más elementales y necesarios, como es el derecho a contar con una vivienda digna”.
“Exigimos que la distribución del crédito que se gira a cada Instituto de Vivienda mantenga un criterio objetivo para que las provincias no dependan de decisiones discrecionales y que se investigue a los responsables de los hechos que estamos denunciando”, finalizó el titular de la Coalición Cívica ARI.
