Los concejales del Frente para la Victoria-PJ, Norma Lopez y Roberto Sukerman, solicitan a las autoridades del Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos , dependiente Ministerio de Justicia de la Provincia, un informe sobre la reducción de recursos otorgados al Programa.
A raíz de una reunión en el Concejo Municipal de Rosario mantenida con familiares de víctimas de delitos , quedó de manifiesto que el gobierno provincial le da escasa importancia al Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas.
El Programa depende de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial que se desarrolla en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), ubicados en cada sede de nodo provincial. A su vez, en el Programa intervienen los Ministerios de Justicia, Seguridad y Salud de la Provincia.
Cabe destacar que los CAJ tienen intervención en el proceso penal y es deber de los mismos acompañar y proteger a los testigos y víctimas que así lo soliciten.
Lo cierto es que en los últimos años el Programa viene sufriendo importantes recortes en materia de recursos humanos y monetarios, hecho que se plasma en un total abandono en la política de protección a las víctimas y testigos de delitos.
La disminución de recursos destinados para el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos puede apreciarse en las cifras oficiales.
En efecto, este Programa fue creado en el año 2010, y comenzó 2011 con un presupuesto de $ 2.598.000, del cual fue ejecutado solo un 76% ($ 1.976.203). En 2012, la cifra presupuestada desciende a $ 2.435.000, corriendo la misma suerte el importe ejecutado que alcanza $ 1.365.937, representando el 56 % . En 2013, los montos destinados continúan en picada, en tanto el número presupuestado es de $ 1.446.000 (el Ministerio de Justicia no presupuestó) no existiendo datos sobre el importe ejecutado. De este modo, 2013 sorprende al Programa con un millón menos que el año anterior.
En relación a la reducción de fondos, el concejal Sukerman es contundente: "Los números son claros, mientras año a año aumentan las cifras de asesinatos y el crimen organizado se afianza más en los barrios periféricos, el gobierno socialista dispone menos recursos para proteger a los testigos y víctimas de estos crímenes".
Y agrega: "Es una contradicción decir que la seguridad es un tema primordial, que con la implementación del Nuevo Sistema Judicial Penal se pone la lupa en la víctima, cuando en realidad el socialismo desampara a las familias y testigos claves permitiendo con su no accionar que sean intimidados, amenazados, e incluso asesinados".
Siempre en la misma lógica de recortes, para el ejercicio 2014 el gobierno provincial presupuestó un total de $ 1.932.000, es decir, un 25% menos desde que se creó el Programa.
Lo llamativo es que para este año solo se destine $ 50.000 a Asistencia a Testigos y el el resto se distribuya entre gastos de funcionamiento, equipamiento, alquiler de edificio y gastos corrientes.
Para finalizar y en base a los datos obtenidos, la concejala Lopez desmenuza las cifras y sostiene: "Del análisis de lo destinado a Asistencia a Testigos, resulta inconcebible que la Provincia destine $ 4.166 por mes para la protección de las víctimas y testigos de todo el territorio provincial.
Y profundiza: "Si se tiene en cuenta que el Programa debe acompañar y proteger a víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad, de trata de personas y relacionados con el narcotráfico, entre otros, surge a todas luces que este Programa resulta ineficiente y de nula aplicación. Se gasta más en el alquiler de un inmueble ($ 67.000) que en asistir y proteger a quienes han sufrido alguna clase de delito".
El Centro de Atención a la Víctima marca la diferencia
Es válido recalcar que el Centro de Atención a la Víctima (CAV) dependiente de la Defensoría del Pueblo, sede Rosario, nada tiene que ver con la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial y por lo tanto, tampoco con el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos.
“A lo largo de estos años de gestión el CAV se ha consolidado como una institución que brinda un conjunto de respuestas diferenciadas del resto de las organizaciones estatales. Su estructura, tipo de funcionamiento y mirada crítica hacia la gestión pública y la administración de justicia, ha permitido un abordaje integral y una lectura compleja de las problemáticas con las que se enfrenta a diario”, aseguró el concejal Sukerman.
En relación a la tarea desarrollada por el CAV, la concejala Lopez afirmó: "En su desempeño, el Centro de Atención a la Víctima en Rosario ha profundizado la relación interpersonal con las víctimas y se ha instalado en un espacio de escucha y contención que trasciende la mera asistencia interdisciplinaria". Y concluyó: "No hay que olvidar que de acuerdo a la ley 11.529 de Violencia Familiar, el CAV debe colaborar, a solicitud de los jueces, en el tratamiento de estas problemáticas y en la elaboración de diagnósticos psicológicos".
