La iniciativa busca avanzar contra el lavado de dinero producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas.
“Debemos ir contra las inversiones de los narcos con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”, sentenció el edil del PRO Rodrigo López Molina.
El concejal que nos ocupa presentó un proyecto de ordenanza que pretende crear un sistema de control económico financiero para grandes inversiones que puedan proyectarse en la ciudad de Rosario.
La propuesta buscará ser una herramienta más en la prevención del lavado de activos y, además, intentará establecer mecanismos que permitan garantizar la licitud del origen de los fondos, muchas veces sospechados de estar vinculados al narcotráfico.
“Con este proyecto desarrollamos un sistema que permita acreditar la procedencia lícita de los fondos de inversión de toda persona física o jurídica que tramite algún tipo de habilitación o permiso en la municipalidad”, explicitó López Molina.
Para ello, aseguró que habrá dependencias municipales que solicitarán información adicional sobre el origen de los fondos. Y remarcó que, entre los rubros involucrados, se encuentran las concesionarias de autos, los grandes emprendimientos inmobiliarios, las casas de juegos y confiterías bailables, cuya inversión supere los 3.5 millones de pesos.
“El principal flagelo de Rosario es el narcotráfico. Debemos ir contra las inversiones de los narcos con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”, dijo el legislador.
“La Dirección General de Habilitación, la Dirección General de Atención a Empresas y la Dirección de Obras Particulares serán las dependencias que contarán con esa facultad”, amplió el edil.
Información adicional.
Según López Molina, la información adicional que solicitarán las reparticiones municipales será: Declaración Jurada sobre la licitud de los fondos a invertir, datos sobre socios o asociados, detalle sobre aportes de capital y aportes no dinerarios, el plan de inversiones a fin de controlar la coherencia entre del mismo con la situación patrimonial del solicitante y avalado por profesionales en Ciencias Económicas, entre otros.
