El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, se refirió al pase a planta permanente de 3.300 trabajadores dispuesto por el Ejecutivo y señaló que “se trata de personas que ya están contratadas y en funciones. El 60% pertenece al área Salud y esto es así porque como gobierno hemos decidido hace varios años que la atención pública sea de calidad, igualitaria y esté extendida en el territorio”.
“Tenemos que ser serios –remarcó el ministro-, nadie puede imaginar que aquí se está favoreciendo a un médico o un enfermero por una pertenencia política determinada. Son personas que han ingresado por el trabajo que realizan cotidianamente y si recorren los centros de salud u otras tantas oficinas distribuidas en todo el territorio provincial, muchos legisladores los van a conocer”.
Con relación a algunas críticas a la iniciativa, Galassi agregó: “Hay que ser más respetuosos. El trabajador público no pertenece a un partido político sino al Estado y como tal brinda un servicio”, y anticipó que el gobierno remitió el listado a los legisladores provinciales, “de modo que podrán tomarse el tiempo necesario para analizar los nombres uno por uno y si quieren hablar con cada uno de ellos también podrán hacerlo, para conocer donde trabajan, qué hacen, desde cuándo y si es justo que pasen o no a planta, como lo establece la ley para los trabajadores del Estado”.
El ministro explicó que el gobierno “realizó un relevamiento de todo el personal contratado antes del 30 de setiembre de 2013” y recordó que “en el último pase a planta se había hecho un corte al 31 de mayo de 2010, es decir, que se trata de las personas que han estado contratadas en ese lapso de tres años y medio aproximadamente”.
En ese marco, consideró que las declaraciones del diputado Mario Lacava “en ocasiones son sorprendentes por lo absurdas".
"No son Binner ni Bonfatti quienes han puesto un médico en un hospital para que los atienda a ellos; es el Estado provincial quien los asigna para atender a la ciudadanía”.
En esa línea, Galassi recordó que “cuando el primer gobierno justicialista llegó a Santa Fe, en 1983, había 60 mil empleados y cuando se fueron había 110 mil. Yo nunca diría que hay 50 mil puestos más por decisión de Reviglio, Reutemann o Obeid. Hay más docentes, policías, médicos, enfermeros; son todos trabajadores públicos y son necesarios para brindar los servicios que reclama la población”.
