Hizo lugar al hábeas corpus correctivo y colectivo pensado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal destinado a establecer condiciones para los presos y reducir la cantidad de detenidos en las comisarías de Rosario. Además, dispuso el plazo para finalizar las obras de la alcaidía regional.
La jueza Bernardelli ordenó en una extensa resolución fijar un cupo de detenidos en todas las dependencias policiales, cuyo número no puede superar los 230 internos, y disponer como plazo de finalización para la construcción de la alcaidía regional el 6 de agosto de 2015.
Además, la magistrada instó al Ministerio de Seguridad de la provincia para controle el cumplimiento efectivo en la provisión de alimentos para los presos de todas las dependencias policiales como así también garantizar atención odontológica y de salud.
A su vez, dispuso cumplimentar con las medidas de higiene y desinfección de los lugares de detención, y exigió proveer elementos de limpieza a las personas alojadas en estos establecimientos.
