La denominada cláusula RUFO, que impía a Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, quedó sin efecto y permite al gobierno nacional, intentar en mejores condiciones, la reanudación de las negociaciones con holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles 1.330 millones de dólares en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de "igual tratamiento de acreedores (pari passu)".
Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados "me too", la deuda total a negociar orilla los 10 mil millones de dólares.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de la Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los holdouts tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa.
En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO.
Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extinguió ayer, 31 de diciembre de 2014.
