La Cámara Nacional Electoral emitió el martes una sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada: ordenó a los candidatos a presidente a explicar, de manera extraordinaria, los gastos en proselitismo y, además, ordenó fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables que hagan campaña deliberadamente.
Se trata de medidas inéditas tomadas por el tribunal judicial ante el proselitismo masivo realizado por los postulantes durante 2014, un año antes de lo que fijado por ley.
Y advirtieron en la sentencia sobre el "alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto".
Los candidatos, entonces, deberán presentar una lista con el detalle del dinero invertido en propaganda política "tendiente a captar el voto" y justificar el origen de dichos fondos. La Justicia interpreta que los postulantes que hayan gastado dinero de su patrimonio personal para la campaña deberán declararlo en esta nueva instancia.
