El legislador justicialista agregó que “ésta última pone como tope para las gestiones directas los 150 mil pesos, y la Ley de Contabilidad los 200 mil, además de prohibir que las erogaciones mayores a los 400 mil pesos se realicen por otro mecanismo que no sea la licitación pública, salvo que puedan justificarse circunstancias imprevisible".
"Nos encontramos con un conjunto de operaciones de compra por gestión directa amparadas en la urgencia prevista por la Ley de Emergencia en Seguridad, pero en todos los casos se superan ampliamente los montos previstos por las excepcionalidades incorporadas en dicha ley", señaló el legislador y concejal electo.
Exige que el Ejecutivo provincial informe a la Cámara baja “si en todas estas compras o contrataciones directas se efectuó la comunicación previa a los organismos de contralor, como dispone la Ley de Contabilidad", y "que se remitan los informes emitidos en cada caso, respecto de la justificación de la urgencia para la compra directa".
