La concejala Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular (IP) presentó un pedido para que el Departamento Ejecutivo informe las multas cobradas a las empresas de colectivos por las infracciones cometidas, el monto y destino de ese dinero, a partir de la existencia en Rosario de una Ordenanza Nº 7.802 que regula el sistema de transporte público. El edil peronista Carlos Cossia indagó a la Municipalidad hace un año en el mismo sentido, pero la respuesta nunca llegó."Se les exige a los usuarios pagar más caro el boleto, queremos saber cuánto se ha recaudado por las multas aplicadas al mal funcionamiento del sistema de transporte", explicó Gigliani. Y añadió: "La normativa vigente le brinda al Ejecutivo las herramientas necesarias para sancionar las conductas asumidas por las empresas concesionarias que van contrarias a la norma".
"Nos interesa particularmente saber cuánto recaudó la Municipalidad y cuál ha sido el destino de esos fondos cobrados por infracciones. Porque además, conocer esa información también demostraría si el municipio controla la prestación del servicio y de qué forma lo hace".
