"Teniendo en cuenta las cifras oficiales de la provincia, se contabilizaron, entre 2014 y 2015, 1442 acuerdos abreviados contra tan solo 26 juicios orales. "Al no tener ningún límite legal previsto, se hizo uso y abuso del procedimiento abreviado. Lo que debería ser la excepción, se transformó en regla", amplió el legislador. En ese sentido, el proyecto establece como requisitos del acuerdo abreviado que el delito esté penado con una pena privativa de libertad que no exceda los seis años.
Además, no deben estar involucrados funcionarios públicos, ni que la causa penal en cuestión sea considerada de interés público. "El juicio abreviado actual distorsiona el tratamiento de casos graves, que deben ser juzgados en audiencias públicas".
"La criminalidad grave y la menor requieren soluciones procesales distintas", señaló López Molina, y continuó: "es que mediante el procedimiento abreviado, más allá de que tal vez haya venido a ayudar a descomprimir al congestionado sistema procesal penal, lo cierto es que, suprime el momento del contradictorio que hace a la médula del debate, única vía para conformar un juicio respetuoso del debido proceso".
"Desde nuestro espacio político venimos cuestionando fuertemente la utilización indiscriminada del juicio abreviado, no sólo en el caso de "Guille" Cantero y el homicidio de Demarre. Otro de los casos resonantes fue la débil condena a tres años y medio de quien disparó contra la casa del propio gobernador de la Provincia, y los santafesinos nos quedamos sin conocer las razones que motivaron el ataque", profundizó el diputado provincial.
