Acompañaron a los concejales de esa fuerza, María Eugenia Schmuck, de Radicales Progresistas, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista y Lorena Giménez Belegni, del Partido del Progreso Social.
También estuvieron presentes Alejadro Roselló y Renata Ghilotti, de Unión Pro Federal. Durante la reunión en la que participaron periodistas de distintos medios, Monteverde explicó la historia del conflicto que se originó en 2007 e informó que, en estos días “se recibió una cédula judicial que anuncia un desalojo inminente previsto para el jueves 14 de abril a las 9 horas”.
Según denunció, el predio corresponde a una zona rural de “codiciadas” 250 hectáreas donde viven unas 200 familias. “Como se trata de un área inundable, se van a construir aliviadores. Entonces, mientras que todos los santafesinos vamos a pagar esas obras, los desarrolladores inmobiliarios realizarán grandes negocios, lo que significan una injusta transferencia de ingresos”, cuestionó el presidente del bloque de Ciudad Futura.
“Hace falta un gesto del Estado para evitar lo que seguramente será un desalojo violento y sabemos que no hay más instancias de apelación. Después de 10 años de conflicto y de un juicio plagado de irregularidades creemos que la única solución posible es expropiar las 7 hectáreas donde funciona el tambo y diseñar un plan de urbanización de carácter público”, expresó.
Junto a él, estuvieron el representante de la cooperativa que administra el emprendimiento productivo, Oscar Licera, referentes de familias que viven en los terrenos en conflicto, y las abogadas que llevan adelante la defensa en las causas judiciales, Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. Con el objetivo de “frenar la medida judicial”, los ediles de Ciudad Futura anunciaron que presentarán formalmente un proyecto normativo con la intención que “el cuerpo lo vote sobre tablas este jueves”.
A través del texto de la norma se propone declarar el interés social de los terrenos detallados de esas 7 hectáreas y adonde está emplazado el proyecto productivo denominado "Tambo de la Resistencia". Además, se plantea que se solicite a la Legislatura provincial la “declaración de utilidad pública y expropiación” de los inmuebles descriptos. Como argumentación, citaron artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley provincial Nº 7.534 y la Constitución santafesina.
Tepp explicó que “la expropiación es factible ya que al tratarse de zonas inundables son de un costo bajo”. En ese sentido, la propuesta considera que los costos derivados “debieran ser solventados por el gobierno provincial y repetidos a la Cooperativa de Trabajo CTRU, Trabajadores Rurales Unidos Ltda y en la forma y modo que ambos actores acuerden”.
La concejala recordó que, a lo largo del conflicto, “familias que habitan en distintos sectores de las 250 hectáreas en conflicto sufrieron intimidaciones tanto cuando en los alrededores empezó el trabajo de topadoras como cuando personal de seguridad privada repartía volantes debajo de las puertas de sus casas”.
Por su parte, Gigliani recordó que en la Cámara baja provincial, el ex diputado provincial Oscar Urruty presentó un proyecto para que esas tierras quedasen sujetas a expropiación. Y luego consideró sobre la propuesta de Ciudad Futura: “Comparto el diagnóstico general y también el concepto de que la respuesta debe darla el Estado”.
Schmuck también coincidió con la propuesta y consideró que “no hay que temerle a la palabra expropiación” y la valoró como “herramienta legal” Luego Toniolli, recordó que en la provincia actualmente existen herramientas legales que protegen a los pobladores de desalojos rurales como es el caso de la ley Nº 13.334 reglamentada en septiembre de 2013 y que “declara por el término de cinco años la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica del predio rural por un término superior a diez años”.
