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“Esos ingresos podrían ir directamente al transporte”, confesó ayer la concejala socialista Verónica Irízar. Con esta alternativa, vuelve al ruedo una recurrente idea del municipio, que, hasta ahora, no prosperó. La propuesta de contar con una ordenanza para poder realizar multas de tránsito a través de las videocámaras tiene por lo menos dos años. La iniciativa siempre contó con el rechazo de otras bancadas, sobre todo la del PRO, aliado en otras cuestiones.
El macrismo piensa que podría tergiversarse el uso de las cámaras, y en vez de utilizarse para brindar seguridad, serían infalibles agentes electrónicos. La Intendencia cree que con el avance de la tecnología se pueden detectar decenas de miles de infracciones semanalmente ante las que no se puede actuar porque la ordenanza actual de cámaras la restringe. Además, según distintos funcionarios de la administración de Mónica Fein, si se aplican multas a través de las cámaras de videovigilancia, también se va a disuadir la comisión de faltas.
