Debido al contexto de incertidumbre con respecto a las políticas económicas que se están implementando, el transporte se ha constituído en un derecho y el Estado debe dejar de recargarle los costos al usuario.
La edila considera que en el contexto social y económico actual los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos básicos y que ninguno de los tres niveles del Estado, Nacional, Provincial y Municipal pueden estar ausentes de la inequidad que genera la presencia de estas políticas.
Por esta razón, es que en contextos como este, servicios tan fundamentales como el transporte público se constituyen en derechos, como en el caso de los barrios y sectores vulnerables donde el acceso a la salud pública y a las demás cuestiones que hacen a su calidad de vida están, cada vez más, fuera del alcance de sus habitantes.
Es imprescindible la presencia del Estado en una política que repiense el aumento del boleto, porque este no puede ser trasladado siempre al usuario. Giménez Belegni se opuso el año pasado a una ordenanza, finalmente aprobada, que dispuso la actualización, dos veces al año, del precio del boleto.
Ayer el Ejecutivo ingreso un nuevo estudio de costos que estaría arrojando el precio de un boleto que no se corresponde a la calidad del servicio que se está prestando, ya que el mismo presenta numerosas falencias relacionadas al incumplimiento de la frecuencia en los horarios de los servicios, al estado de deterioro de los coches, a la falta de aire acondicionado en todas las unidades y a la ausencia casi absoluta de líneas de colectivo en horarios nocturnos en toda la ciudad. Antes de obligar al usuario a pagar un boleto más caro, el Ejecutivo debería, al menos, asegurar un transporte público eficaz.
