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Publicado hoy en el Boletín Oficial provincial, la disposición modifica el decreto Nº 116/16, que regula la obligación de funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario, entre otros, a presentar su declaración jurada patrimonial.
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal", establece el texto.
