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Además, admitió que tras la decisión del máximo tribunal, en el Poder Ejecutivo se manejó la posibilidad de dejar liberado al mercado el precio del gas en boca de pozo, "lo que generaría un costo mucho mayor para la gente, con tarifas mucho más altas".
"Era una cuestión controvertida, pero hoy con el fallo en la mano, sí, definitivamente", respondió el funcionario al ser consultado en radio La Red sobre si entendía que se había cometido un error en la aplicación de incrementos en los servicios públicos. Garavano insistió con que la situación "era realmente controvertida" ya que la obligación de audiencias públicas para establecer el precio del gas en boca de pozo "no está previsto en la ley".
"La Corte misma hace una distinción en situación de mercado y de regulación por parte del Estado, y genera una construcción que en derecho llamamos pretoriana, es decir, algo que no está previsto en la Ley. Y habla de una reglamentación directa de la Constitución.
En ese punto, era una cuestión para que resuelvan los tribunales, no es que no se hizo pese a que la ley decía que había que hacerse", explicó. En ese punto, advirtió que tras la decisión del máximo tribunal, el Gobierno manejó la posibilidad de liberar al mercado el precio de la generación del fluido, "algo que necesitaría una simple resolución", pero advirtió que eso provocaría tarifas más altas aún.
"Eso generaría un costo mucho mayor para la gente, con tarifas mucho más altas. Se decide hacer esta audiencia porque el Estado va a seguir interviniendo para fijar un valor menor y que la gente tenga que pagar menos", afirmó. Tras reiterar que "los fallos están para cumplirse" y que la decisión de la Corte "está de algún modo en línea" con lo que esperaban, aseguró que "no es tan negativa como se lo presenta".
