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El Gobierno nacional especificó que el decreto invoca el principio de igualdad para equiparar empleados estatales del ejecutivo y legislativo con el judicial, que además avanza sobre competencias del Congreso Nacional y que afecta a la coparticipación nacional y en consecuencia, a los recursos nacionales y del resto de las provincias, con lo cual afecta directamente a la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Otro de los argumentos del Gobierno es que "expone a la provincia a una contingencia judicial futura". Más allá de pedir la nulidad del decreto, el Gobierno requerirá una medida cautelar para que la provincia siga reteniendo el impuesto a las Ganancias.
Según el decreto, los estatales no deberán pagar el tributo a ciertos conceptos remunerativos que integran el salario de la administración pública pampeana: dedicación especial, responsabilidad funcional, antigüedad y reintegro de gastos proporcionales a los primeros conceptos, que representaría una porción significativa de la remuneración y beneficiaría a los funcionarios de más alto rango.
