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El Ciadi dijo que "el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones". Además, citó otros artículos referidos a la violación por parte de la Argentina del tratado de protección de inversiones. El pase de manos de Aerolíneas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público.
Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto. Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos.
Ese trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares, muy lejos de los 600 millones de dólares que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
