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Lamberto también expresó la preocupación de la institución por el incremento solicitado por la empresa, ya que éste está “por encima de las actualizaciones salariales por paritarias y reajustes de haberes previsionales y estimaciones de costos de vida”.
El defensor santafesino valoró que se realice la audiencia, ya que “es un derecho constitucional”, aunque expresó que no deben ser “actos puramente formales, sino que se deben escuchar y considerar los dichos de los participantes y proporcionar en tiempo y forma información veraz, adecuada y suficiente”.
En ese contexto, el defensor reiteró que para la institución es “imprescindible resaltar la importancia de que se cuente con una tarifa social en el servicio de aguas que permita afrontar el costo a los sectores más vulnerables”, y la diferenció del actual sistema de “casos sociales, propios de un esquema de privatización”.
Lamberto lo ejemplificó con el caso de los servicios de energía y gas natural, que tienen tarifas sociales y la cantidad de “beneficiarios es muy superior a los alcanzados por los casos sociales”.
