La corte suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la Operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sérgio Moro con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por 6 a 5, el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales.
