“Es una ampliación en la cantidad de personas facultadas para constituirse como querellante en delitos cometidos por funcionarios públicos”, explicó Más Varela.
De esa manera se aportan herramientas a los ciudadanos dispuestos a denunciar hechos de corrupción, delitos vinculados con tragedias originadas por falta de control del Estado, defraudaciones con obras públicas, atentados contra monumentos y demás bienes públicos, evitando así su prescripción.
"Facilitando la intervención de la ciudadanía en el control de sus gobernantes, se democratiza la justicia para el bien común" subrayó el Diputado Más Varela.