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También pidió que Lula tenga acceso adecuado a la prensa y a todos los miembros de su partido político, el Partido de los Trabajadores (PT), y “que el Estado-parte no le impida concurrir a las elecciones presidenciales hasta que todos los recursos planteados contra la sentencia condenatoria sean juzgados en procesos judiciales justos”.
La decisión es una respuesta a un requerimiento que los abogados del líder de la izquierda brasileña plantearon a finales de julio.
Rápidamente, la defensa del ex presidente recordó que Brasil, como signatario de diversos pactos internacionales, incorporó a su ordenamiento jurídico los protocolos del comité de la ONU, por lo que la decisión de este organismo es de obligado cumplimiento.
“Ningún órgano del Estado brasileño podrá poner ningún obstáculo para que el ex presidente Lula pueda concurrir a las elecciones”, celebraron en un comunicado.
